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Córdoba | 28/05/13

El gobernador De la Sota firmó un decreto mediante el cual garantiza la libertad de expresión.

Medios de comunicación

Recientemente, en la Ciudad de Buenos Aires se firmó el decreto de necesidad y urgencia 2/13 referido a la libertad de prensa, el cual por el momento, fue suspendido por una medida cautelar de la justicia local, al menos en algunos de sus artículos.

Por otra parte, en la provincia de Córdoba, basándose en “la garantía del ejercicio pleno sin restricciones de la libertad de expresión, opinión y prensa, la prohibición de la censura previa, el aseguramiento del pluralismo y la diversidad de opinión, todo ello bajo el principio incontrovertido de la competencia exclusiva y excluyente de la Provincia en las materias no delegadas al estado federal” el gobernador firmó el Decreto 525/13 (B.O.: 22/5/13 – Córdoba), junto con sus ministros.

Además de promover los principios mencionados en el párrafo anterior, el decreto prohibe: “… el despacho y/o ejecución de actos administrativos cualquiera sea la autoridad de la que emane, que dispongan la intervención, desapoderamiento, designación de administradores y/o veedores, restricción y/o control en forma directa o indirecta, sea de medios de comunicación en la Provincia de Córdoba, sea de las participaciones sociales que los integran cualquiera sea su naturaleza”.

Siguiendo con la protección de los bienes de los medios de comunicación, el Decreto establece: “No podrán ser declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación medios de comunicación en la Provincia de Córdoba, ni las participaciones sociales que los integran, cualquiera sea su naturaleza. Las Leyes que declaren de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles pertenecientes a los medios de comunicación no podrán ejecutarse sin el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que exista aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios y b) Que el desapoderamiento no importe la interrupción del servicio que presta el medio de comunicación.

No podrán ser declarados de utilidad pública bienes muebles, derechos y acciones de medios de comunicación o de periodistas.”

Por último, se refiere a los embargos, secuestros y ejecuciones forzosas contra los bienes de medios de comunicación y también de los periodistas “radicados o domiciliados en la Provincia de Córdoba, por acreencias devengadas por ejercicio o en ocasión de su actividad, no podrán tener carácter preventivo y solo se efectivizarán sobre los bienes necesarios para el ejercicio libre de su actividad o profesión, con carácter restrictivo y en la medida que no existan otros bienes suficientes para garantizar el pago de las deudas, en todos los casos se deberá resguardar que dichas medidas no alteren, restrinjan, menoscaben o coarten la libertad de prensa o expresión”.

Texto completo | Dto. 525/13 (Córdoba)

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