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CABA | 30/10/15

Nuevo protocolo para la asignación de fondos provenientes de ellas, para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Multas y astreintes

El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCAyT) estableció facultades disciplinarias para mantener el buen orden y decoro de los juicios y facultó a los jueces/as a “Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y las leyes respectivas”. Estas disposiciones están contenidas en la Ley 189, art. 28, inc. 3). En el citado inciso también se dispuso que “El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplica al que le fije el Consejo de la Magistratura”.

Con posterioridad, se dispuso que “mensualmente, y antes de terminar cada mes, todos los magistrados que hayan impuesto multas, una vez firmes las imposiciones y efectivizadas las mismas, las comunicarán por medio de la Secretaria General al Consejo de la Magistratura, para que este determine el destino que les corresponde”. Estas disposiciones están contenidas en la Res. C.M. 116/01, reglamentaria del CCAyT, a través de su art. 6, que regula el inc. 3 del citado art. 28 del CCAyT.

Es de destacar que la jurisprudencia del fuero ha puesto de manifiesto en algunas circunstancias su desacuerdo con esa tesitura (Halfon Samuel c/G.C.B.A. y Otros sobre amparo por mora administrativa –Expte. 28975/0–). Aun así,  no es menos cierto que la norma es clara en cuanto a que el importe es a favor del titular del derecho afectado. Por otra parte, nada se dice respecto de las acciones de carácter colectivo respecto de las cuales puede resultar materialmente imposible cumplir con el destino establecido en el mencionado artículo, así como del supuesto de que la titularidad del derecho comprenda a sujetos que no revisten formalmente el carácter de parte.

Entonces, las astreintes que eventualmente se impongan en el marco de una causa con objeto procesal colectivo no tendrían, en rigor, un destino establecido expresamente por ley, debiendo el operador jurídico llenar ese vacío normativo y en este contexto, se debería recurrir por vía de la analogía a la solución prevista en el art. 28, inc. 3 del CCA y T, que regula un instituto que guarda cierta similitud con la figura de las astreintes –en tanto ambas constituyen manifestaciones del poder sancionador de los jueces– y, a su vez, contempla una solución acorde al carácter colectivo del objeto procesal de esta acción.

En ese sentido, la propia ley ha dado otras soluciones al destino de los fondos, como en el caso de multas establecidas por los jueces a la parte vencida cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito, cuyo beneficiario tampoco es la contraparte del juicio (art. 39 C.C.A. y T.), sino a favor de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, el Consejo de la Magistratura estableció las pautas generales que deberán seguirse a efectos de que sea definido el destino de los montos con la debida transparencia, en los casos en que se hayan hecho efectivas por los magistrados/as las multas establecidas en los arts. 28, inc. 3, 112, 114, 435, 446 y 448 de la Ley 189, como asimismo en las impuestas en el art. 30 del mismo cuerpo legal, cuando se trate de acciones colectivas.

Esta novedad se dio a conocer a través de la publicación de la Res. C.M. 173/15 (B.O.: 29/10/15 - C.B.A.).

En primer lugar, esta nueva Resolución estableció un “Protocolo para la asignación de fondos provenientes de multas y astreintes del fuero CAyT”, que deberá ser seguido cuando se trate de acciones colectivas por parte de los Magistrados/as del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que apliquen multas o astreintes como consecuencia de lo establecido en los arts. 28 inc. 3, 30, 112, 114, 435, 446 y 448 de la Ley 189.

En segundo lugar, esta nueva Resolución modificó la reglamentación del CCAyT, estableciendo que “Mensualmente los/as magistrados/as que hayan impuesto multas o astreintes, una vez firmes las imposiciones y efectivizadas que sean, las comunicarán por medio de la Secretaría General al Consejo de la Magistratura para que éste determine el destino que les corresponda. A tal efecto, podrán acompañar en su remisión una propuesta no vinculante para la asignación de los fondos, ajustándose a las pautas reglamentarias que al efecto establezca el Consejo de la Magistratura.”

Para finalizar, en el nuevo Protocolo se establece que podrán ser beneficiarias las entidades que se encuentren identificadas por la Oficina de Registro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dependiente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, y que tengan sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o bien que, teniendo su actividad también en otras jurisdicciones, apliquen los fondos transferidos por el Consejo de la Magistratura en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  Asimismo podrán serlo aquellas que no estando identificadas por la mencionada Oficina, y a sugerencia debidamente fundada del Magistrado interviniente en la causa, se vinculen a fines solidarios relacionados con el objeto del pleito. La Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica (CFIyPE) confeccionará un listado con las entidades, el que deberá estar discriminado en función de las distintas temáticas que las organizaciones aborden. Asimismo, cursará una notificación a cada una de ellas para que manifiesten su voluntad de ser posibles beneficiarias en caso que sean seleccionadas como adjudicatarias de fondos. La actualización de esa nómina se realizará en forma anual.

Ver texto completo: Res. C.M. 173/15 (C.B.A.).

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