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Laboral | 05/06/19

En esta oportunidad, el autor explica la situación que debe atravesar la empresa cuando uno de sus dependientes es acusado penalmente.

Contrato de trabajo:  suspensiones

La suspensión preventiva está tratada en el artículo 224 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aborda la posibilidad de suspender al trabajador durante el proceso penal, se encuentre o no privado de la libertad. Para ello se distinguen dos situaciones diferenciales.

El primer párrafo está referido a los casos en que la denuncia penal fue efectuada por el empleador. La suspensión podrá extenderse a toda la duración de la causa, aunque el trabajador no se encuentre detenido. Las consecuencias de la medida varían según el resultado judicial del proceso.

Si la denuncia es desestimada o el imputado sobreseído, el dependiente tiene derecho a ser reincorporado al trabajo y a la percepción de los salarios perdidos durante la suspensión. Si el empleador no lo restablece a su cargo puede considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones y las remuneraciones impagas. De todos modos el empleado puede optar por considerase injuriado por la indebida denuncia penal efectuada en su contra.

Los efectos resultan diferentes si el trabajador es finalmente condenado. Entonces no tendrá derecho al pago de los días en que estuvo suspendido. Además podrá ser despedido con causa por su empleador.

El segundo párrafo trata el supuesto en que la denuncia penal contra el empleado fue efectuada por un tercero o iniciada de oficio por autoridad competente, no pudiendo desempeñarse laboralmente por estar privado de la libertad. El empleador, en este caso, no queda obligado al pago de los salarios perdidos cualquiera fuese el resultado de la causa. Pero si la cuestión tiene directa relación con el desempeño del trabajo se aplican las determinaciones del primer párrafo del artículo 224.

A modo aclaratorio conviene tener presente lo siguiente:

• Esta medida origina la suspensión del contrato de trabajo pero no su extinción pues el vínculo continúa vigente;

• la suspensión preventiva es una determinación facultativa que adopta el empleador porque su empleado se encuentra imputado de haber cometido un delito;

• la medida no posee un lapso de extensión máximo pues puede durar hasta la finalización del juicio;

• el hecho imputado penalmente debe poseer una entidad suficiente para que, en el supuesto de ser condenado el trabajador, impida la continuidad de contrato de trabajo justificando el despido;

• en este tipo de suspensión se debe cumplir con la notificación al trabajador de la resolución adoptada.

En los casos de inexistencia de una causa penal no se aplica el artículo 224 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero si el empleador necesita separar a su empleado de la labor que realiza para efectuar una investigación previa a la adopción de una sanción disciplinaria, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la aplicación de la llamada suspensión precautoria, aunque la misma no se encuentra normada legislativamente. No se trata de un derecho absoluto del empleador sino del ejercicio de una facultad que debe ejercer sin abusos, razonablemente, en situaciones que justifiquen ese proceder.

Es importante que la extensión de la suspensión precautoria posea una relación con el tipo de indagación que, por razones de seguridad, necesite realizar el empleador. En estas situaciones las consecuencias se encuentran vinculadas a los alcances del caso, en especial a la atribución o no de responsabilidad del empleado en el sumario interno que se realice en relación a los hechos que originaron la suspensión. No cabe duda que la aplicación arbitraria de la medida puede originar también que el empleado se considere injuriado y despedido.

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